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Home Política y Justicia

Del acuerdo a la ley: van por reforma para blindar espacios indígenas y vulnerables

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Del acuerdo a la ley: van por reforma para blindar espacios indígenas y vulnerables
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Eugenio Pacheco

CHETUMAL, Q. Roo, a 02 de marzo de 2026. – Las reglas del juego para proteger a los grupos prioritarios en Quintana Roo están a punto de cambiar. La diputada Silvia Dzul Sánchez anunció una ofensiva legislativa para que las acciones afirmativas dejen de depender de acuerdos entre el IEQROO y los partidos políticos, y se conviertan en una ley obligatoria.

Actualmente, el acceso de personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, jóvenes y de la comunidad LGBT+ a cargos públicos se regula mediante lineamientos temporales.

Según la legisladora, este vacío legal ha permitido que algunos partidos vulneren los espacios destinados a la representación real, abriendo la puerta a perfiles que simulan pertenecer a estos sectores para obtener candidaturas.

No repetir exclusiones históricas

Dzul Sánchez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que es urgente reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, con el objetivo de crear un “andamiaje legal” que no deje margen a interpretaciones ni repita las exclusiones históricas.

“Necesitamos garantizar el cumplimiento de las acciones afirmativas y evitar actos de simulación en las candidaturas del próximo proceso electoral”, subrayó.

La propuesta contempla sentar en la misma mesa a legisladores, autoridades del IEQROO y del TEQROO, para establecer reglas claras que impidan que estos espacios se utilicen como negociación política.

El objetivo es pasar de acuerdos temporales a reglas fijas en la Ley Electoral, además de crear mecanismos de verificación que confirmen que un candidato indígena o con discapacidad cuenta con el reconocimiento real de su comunidad o condición.

La reforma deberá aprobarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral para que sea aplicable.

Con esta iniciativa, el Congreso busca responder a la exigencia de colectivos que en 2024 denunciaron la presencia de perfiles “bajo sospecha” en sindicaturas, regidurías y diputaciones, señalados por acreditar de forma dudosa su identidad para ocupar espacios reservados.

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