CIUDAD DE MÉXICO, a 29 de agosto de 2026.— La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que los tres drones vinculados inicialmente por autoridades estadounidenses con organizaciones criminales mexicanas fueron neutralizados en territorio soberano de Estados Unidos, con lo que descartó que las fuerzas de ese país hubieran realizado el operativo dentro del espacio aéreo mexicano. Los hechos ocurrieron durante las noches del 25 y 26 de agosto de 2026, cerca de la frontera con Tamaulipas.
La dependencia mexicana explicó que la información fue proporcionada por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos, responsable de la operación. Según el reporte comunicado a la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, se trataba de tres drones de características comerciales utilizados por traficantes de personas para vigilar los movimientos de las autoridades.
La aclaración mexicana se produjo después de que el Ejército de Estados Unidos anunciara el derribo de los aparatos cerca de la frontera común y los relacionara con redes de cárteles. La operación habría empleado el Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL), un sistema de energía dirigida capaz de inutilizar aeronaves no tripuladas; inicialmente, las autoridades estadounidenses no revelaron el punto exacto de las intercepciones ni aclararon de qué lado de la frontera ocurrieron.
Operaciones “espejo” y vigilancia fronteriza
Defensa señaló que la neutralización ocurrió durante operaciones concurrentes, también llamadas “operaciones espejo”, mediante las cuales las fuerzas de México y Estados Unidos realizan actividades de vigilancia de manera simultánea, cada una dentro de su propio territorio. La institución sostuvo que existe comunicación entre ambos países para intercambiar información sobre incidentes y actividades ilícitas a lo largo de la frontera.
Aunque Washington presentó los dispositivos como drones relacionados con cárteles mexicanos, el comunicado de la autoridad mexicana empleó una descripción más específica: aparatos comerciales operados por traficantes de migrantes para observar a las fuerzas de seguridad. Esa diferencia impide atribuir públicamente los drones a un cártel determinado, pues hasta ahora ninguno de los dos gobiernos ha identificado a la organización responsable ni ha informado sobre detenciones derivadas del operativo.
El episodio refleja el creciente uso de drones por redes de narcotráfico y tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos, tanto para tareas de vigilancia como para facilitar operaciones ilícitas. Para los estados mexicanos y las regiones conectadas con las rutas migratorias —incluida la Península de Yucatán—, la expansión de estas tecnologías plantea nuevos desafíos de seguridad; sin embargo, en este caso, la información confirmada establece que el derribo fue ejecutado por Estados Unidos dentro de su jurisdicción y en coordinación con las autoridades mexicanas.
