CIUDAD DE MÉXICO, a 17 de abril de 2026.— El gobierno de México reiteró que no avala el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, al señalar que el documento no toma en cuenta la información proporcionada por el Estado mexicano, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La funcionaria subrayó que la postura oficial se mantiene sin cambios respecto al contenido del informe. “No estamos a favor de las conclusiones de ese documento”, expresó, al insistir en que el desacuerdo se centra en que no se incorporaron elementos presentados por las autoridades mexicanas.
Mantienen diálogo con organismos internacionales
Pese a esta postura, Rodríguez destacó que México no ha dejado de trabajar con organismos internacionales en materia de derechos humanos. Señaló que existe coordinación permanente con la oficina del Alto Comisionado de la ONU tanto en México como en Ginebra, así como colaboración con agencias como la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones.
Además, adelantó que la próxima visita del alto comisionado Volker Türk permitirá sostener un diálogo directo sobre la situación de las desapariciones en el país. Indicó que durante este encuentro las autoridades mexicanas presentarán avances y resultados del programa de trabajo en la materia.
Rodríguez afirmó que el gobierno federal está abierto a escuchar observaciones y cuestionamientos por parte del organismo internacional. Precisó que no se busca limitar la conversación únicamente al tema de desapariciones, sino abordar de manera más amplia la agenda de derechos humanos.
Asimismo, resaltó que la colaboración con instancias internacionales ha permitido fortalecer capacidades técnicas en el país, particularmente en áreas como la identificación forense, a través de apoyos y coordinación con organismos de Naciones Unidas.
La titular de Gobernación recordó que en 2025 se reformó el marco legal para reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. Entre las medidas implementadas se encuentran la creación de una alerta nacional, una base de datos unificada y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte.
Finalmente, indicó que, una vez concluida la visita del alto comisionado, el gobierno de México dará a conocer los resultados del diálogo y los avances en la estrategia nacional en la materia.
