CIUDAD DE MÉXICO, a 14 de julio de 2026.– El Gobierno mexicano abrió cuatro frentes legales para esclarecer los fallecimientos de connacionales registrados bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y determinar si existieron omisiones o responsabilidades.
Las acciones comenzaron el lunes 13 de julio y forman parte de la respuesta anunciada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Uno de los procedimientos será llevado ante el Departamento de Justicia estadounidense. La Cancillería indicó que trabaja coordinadamente con la Fiscalía General de la República en la elaboración de una denuncia que será entregada mediante la Embajada de México.
Al mismo tiempo, la representación diplomática y la red consular iniciaron la presentación de denuncias ante fiscalías estatales. Cada expediente deberá dirigirse a las autoridades con competencia en la jurisdicción donde ocurrió el fallecimiento investigado.
Esta doble vía busca que los casos sean revisados tanto por autoridades federales como locales de Estados Unidos, sin limitar la actuación mexicana a una sola instancia.
Adelanto recibe el primer requerimiento
El tercer frente está dirigido a los centros de detención donde han muerto personas mexicanas. La SRE comenzó a remitir escritos de cese y desistimiento, conocidos en el sistema estadounidense como cease and desist.
El primero fue enviado al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro connacionales, según el reporte oficial mexicano.
El requerimiento busca que cesen inmediatamente las acciones u omisiones que pudieron contribuir a esas muertes. La Cancillería mencionó entre ellas impedir el acceso oportuno a servicios médicos o aplicar políticas contrarias a los estándares médicos y penitenciarios.
Estos escritos no representan todavía una demanda, pero constituyen el paso formal previo para evaluar la presentación de acciones civiles ante tribunales estadounidenses.
La cuarta medida trasladó el caso al ámbito internacional. El titular de Relaciones Exteriores dirigió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
México le solicitó recopilar información de las autoridades estadounidenses, examinar si los hechos son compatibles con sus obligaciones internacionales, formular recomendaciones y turnar los expedientes a los procedimientos especiales correspondientes del Consejo de Derechos Humanos.
La SRE precisó que las cuatro acciones permanecen en la etapa de investigación y servirán como base para decidir qué recursos judiciales proceden. También reiteró que los consulados mantendrán el acompañamiento permanente a las familias afectadas.
