Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, QRoo, a 17 de abril de 2026. – La Asociación Nacional de Padres de Familia advirtió sobre la existencia de una considerable “cifra negra” en casos de acoso y abuso sexual cometidos por docentes en escuelas de la entidad.
El organismo hizo un llamado a los sindicatos magisteriales para eliminar el proteccionismo y permitir que los responsables enfrenten consecuencias tanto administrativas como penales.
Sergio Acosta Manzanero, vicepresidente de la asociación, informó que, para el presente ciclo escolar tienen conocimiento directo de entre 14 y 15 casos distribuidos en diversos municipios,
Sin embargo, advirtió, la cantidad real de incidentes podría ser significativamente mayor debido a la falta de denuncias formales.
El representante de los padres de familia señaló que ya se han iniciado acercamientos con las dirigencias sindicales, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para establecer un frente común.
La exigencia especifica es que los gremios no actúen como protectores de los maestros señalados.
“Exhorté a los sindicatos a que no sean protectores de esos maestros; que, al contrario, los expongan y se lleve el castigo tanto laboral como el que acontezca conforme a derecho”, declaró Acosta Manzanero.
A pesar de la gravedad de las estimaciones que, según el directivo, podrían proyectarse hasta los cien casos de no existir omisiones en los reportes, actualmente solo se tiene constancia de que tres de los incidentes detectados cuentan con quejas y denuncias formales.
Casos en todos los niveles educativos
La problemática se presenta en todos los niveles educativos y como ejemplo reciente, se citó el caso de un docente de secundaria vinculado a una relación con una menor de edad hace pocas semanas, hecho que evidencia la vulnerabilidad del sector estudiantil.
Aseguró que otros sindicatos en el sur del estado y la sección local del SNTE han manifestado voluntad para colaborar una vez que reciban las notificaciones oficiales, con el compromiso de asegurar que la sanción para los agresores no se limite únicamente a la separación del cargo, sino que se logre la judicialización de los casos para garantizar justicia a las víctimas.
