El estilo personal de Samuel García, pero sobre todo, el desmedido crecimiento de la corrupción lo tienen disgustado con el sector empresarial y político.
A más de 70 semanas de terminar el sexenio del gobierno de Samuel García, el gobierno del emecista se encuentra en una crisis de grandes dimensiones. Su estilo personal, pero sobre todo, el desmedido crecimiento de la corrupción lo tienen disgustado con el sector empresarial y político. Está en la lona. En términos boxísticos, si hoy “tira la toalla” sería lo mejor.
Esta vez no fue un pleito en redes sociales, ni una declaración aislada. Fue la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la cúpula industrial más poderosa del estado decidió levantar la voz con una acusación en la que el gobernador se queda callado. Tres de cada 10 empresas afiliadas han sufrido inspecciones ilegales por parte de autoridades. La denuncia no vino de un pequeño comerciante ni de un adversario político. La hizo Jorge Santos Reyna, presidente de la cámara que históricamente ha sido uno de los principales aliados del desarrollo económico regiomontano.
La acusación describe un modelo de presión que mezcla duplicidad de funciones, discrecionalidad y riesgos de extorsión. Empresas inspeccionadas varias veces por distintas dependencias. Trámites que se empalman. Criterios ambiguos. Y, detrás de todo, la percepción de que quien no “coopera” enfrenta clausuras, retrasos o problemas administrativos.
En paralelo, Morena en Nuevo León, encabezado por Anabel Alcocer, aprovechó el momento para elevar el tono político y exigir que Samuel García pida licencia mientras enfrenta investigaciones por presunta corrupción y triangulación de recursos. El gobernador quedó atrapado entre dos fuegos: el empresarial y el político.
Pero hay algo que Samuel García, lo toma a la ligera y es que estas prácticas no se quedan únicamente en el terreno de la corrupción burocrática. Impactan, al final, directamente la economía cotidiana. Cada costo irregular, cada retraso y cada “gestión extraordinaria” acaba reflejándose en el precio final de los productos, los servicios y especialmente de la vivienda. En Nuevo León, desarrolladores y organismos del sector inmobiliario llevan tiempo alertando que la sobrerregulación y los costos asociados a permisos e inspecciones están elevando el precio de las casas. Cuando una empresa paga más por operar, el ciudadano termina pagando más por vivir.
El problema para Samuel García es que el discurso del “Nuevo Nuevo León” choca cada vez más con la percepción de empresarios que aseguran enfrentar un ambiente de incertidumbre y presión administrativa. Hace meses, el gobierno estatal anunció plataformas digitales y padrones de inspectores para combatir abusos y extorsiones. Sin embargo, las denuncias continúan. Y en política, la percepción suele pesar más que los anuncios. Sobre todo cuando la economía comienza a desacelerarse y el costo de vida sigue subiendo en Monterrey y su zona metropolitana.
En el fondo, el conflicto revela algo más profundo. Y la confianza entre gobierno y sector productivo comenzó a erosionarse. Y cuando eso ocurre en el estado más industrializado del país, las consecuencias terminan alcanzando a todos. Porque detrás de cada inspección irregular no solo hay una empresa afectada. También hay inversiones detenidas y empleos en riesgo.
