Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, 2 de marzo de 2026.– Con el compromiso de fortalecer la participación ciudadana en un estado caracterizado por su alta movilidad poblacional, Sergio Iván Ruiz Castellot rindió protesta como nuevo Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo.
El funcionario reconoció que uno de los principales desafíos institucionales se concentra en las zonas turísticas, donde la constante fluctuación de habitantes impacta en el interés por acudir a las urnas y se traduce en niveles de abstencionismo superiores al promedio estatal.
Ruiz Castellot subrayó que el dinamismo poblacional en destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum obliga a redoblar estrategias de promoción del voto y actualización del padrón electoral.
Indicó que la participación efectiva no depende únicamente de campañas informativas, sino también de condiciones que brinden confianza y estabilidad a la ciudadanía durante el proceso electoral.
Llamado a garantizar seguridad electoral
En ese sentido, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para asegurar un entorno de tranquilidad tanto en la etapa de organización como durante la jornada electoral.
“La seguridad es una función que deben aportar las autoridades para que los ciudadanos puedan salir a votar con paz, asegurando que su opinión en las urnas sea efectiva”, afirmó durante su toma de protesta.
El nuevo Vocal Ejecutivo enfatizó que la instalación de casillas y la logística electoral requieren coordinación interinstitucional para garantizar que el sufragio se ejerza en condiciones óptimas.
Reforma electoral
Cuestionado sobre la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ruiz Castellot adoptó una postura de cautela institucional.
Señaló que será necesario analizar a fondo el contenido del proyecto; no obstante, aseguró que el INE cuenta con la capacidad técnica y operativa para adaptarse a cualquier modificación que determine el Congreso de la Unión.
Destacó que el Servicio Profesional Electoral está calificado para implementar los ajustes legales que se aprueben, manteniendo los principios rectores del organismo.
